Regula instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

Sobre: el informe de la comisión mixta. Tipo de discusión: Única.

Según lo que se señala en la prensa del Senado, se llevó a cabo la discusión única del proyecto donde se aprobó el informe emitido por la Comisión Mixta. No obstante, uno de los temas que suscitó mayor debate en la Sala tiene que ver los artículos 4 y 5 transitorios relativos al periodo de instalación y retiro de antenas. I. Allende(PS) manifestó su preocupación por el artículo 4 transitorio que señala que si se expresan razones técnicas fundadas que impidieren la colocalización en una sola estructura y no habiendo soluciones tecnológicas disponibles, se podrá permanecer una estructura adicional, previo informe favorable de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que también deberá estar abierta a otros concesionarios. H. Larraín (UDI) expresó su inquietud por la constitucionalidad del artículo 5 transitorio, que permite que los concesionarios de servicios públicos que instalen torres de más de 12 mts. en los establecimientos o áreas sensibles a una distancia igual o menor a 40 mts., dispondrán de un plazo de doce meses para verificar este cumplimiento. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, PP. Errázurriz destacó que el proyecto es una muy buena noticia para las comunidades, pues permite proteger la salud de las personas, incentiva la colocalización, la instalación de antenas pequeñas y asegura que no haya restricciones de nuevos actores en un mercado que crece día a día. J. Pizarro (DC) señaló que este proyecto ha tenido una tramitación compleja. Lo que se busca es regular la instalación de antenas de telefonía celular, reducir la cantidad de ellas, proteger la salud de las personas, velar para que los municipios den a conocer su parecer acerca de la instalación de antenas, aumentar la participación ciudadana y establecer formas de mitigación y compensación para los vecinos afectados. B. Prokurica (RN)dijo que se trata de un esperado proyecto, donde la comunidad de diversas regiones han reclamado día a día la aparición sorpresiva de torres de antenas, donde nadie les preguntaba; hoy existen cerca de 12.500 antenas en el país y en la próxima década se piensa que será el doble. Esta iniciativa defiende principios como la salud de las personas, en ese sentido el Ejecutivo apoyó que la normativa exije altos estándares de emisión al igual que los 5 primeros países de la OCDE. Asimismo, garantiza la instalación de las antenas en poblados aislados; la defensa de los patrimonios de las personas que se ven afectadas por las antenas; fomenta la participación y las comunidades; permite la mimetización, colocalización, y las zonas sensibles, entre otros. H. Sabag (DC) expresó que con este proyecto se eliminarán mitos y los alcaldes y concejales tendrán autoridad para decidir sobre la instalación de antenas, también se fortalecerá la participación ciudadana, se otorgarán compensaciones a los vecinos afectados, a través de obras de mejoramiento público. Por su parte, J. Novoa (UDI) explicó que en lo referido al impacto urbano, la legislación establece que las antenas inferiores a tres metros puedan instalarse solo dando aviso a la Dirección de Obras Municipales (DOM); en el caso de las antenas de entre tres y 12 metros, si estas son mimetizadas, tienen una tramitación más simple ante la DOM; las de altura mayor a 12 metros y las no mimetizadas deben cumplir con normas estrictas y compensar a la comunidad. G. Girardi (PPD) dijo que este proyecto es un avance, antes de esta ley la ciudadanía estaba indefensa de las empresas de telecomunicaciones y las comunidades junto a los municipios no tenían capacidad para responder a la instalación de antenas. Establece que se debe avisar a la comunidad para la instalación de antenas, contar con una resolución de los concejos municipales, y obliga a las empresas a dar compensaciones a los vecinos cuando corresponda; pero tenemos que lograr incentivos para que las torres cuenten con más tecnología y sean más pequeñas. G. Uriarte (UDI) en tanto, enfatizó que la conectividad no es sólo permitir la construcción de un camino público o un puerto, sino también es permitir el acceso a la comunicación de banda ancha, telefonía móvil. La conectividad digital es más importante sobre todo a las personas quienes viven en lugares apartados. JP. Letelier sostuvo que el Parlamento ha enfrentado la política y los intereses económicos que han hecho lobby para que no exista una ley que regule esto. Hubo mociones anteriores al proyecto del Ejecutivo y que no pudieron avanzar en su tramitación; la industria ha sido incapaz de autorregularse y emplear una tecnología más avanzada, más cara, pero menos invasiva, que hubiera solucionado el actual problema de exceso de antenas en algunas áreas. A su vez, A. García-Huidobro (UDI) subrayó que si la Concertación hubiese querido aprobar un proyecto sobre este tema, bastaría con solo le hubiese puesto urgencia, asunto que no lo hizo finalmente. Manifestó no estar de acuerdo con esta iniciativa y ser partidario de la recolocalización retroactiva.

Sobre: el informe de la comisión mixta. Tipo de discusión: Única.

Según lo que se señala en la prensa de la Cámara, se llevó a cabo la discusión única del proyecto, donde se aprobó el texto propuesto por la Comisión Mixta, donde se zanjaron las diferencias surgidas entre ambas cámaras. Dicho texto propone que toda torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de 12 metros de altura instalada por concesionarios, requerirá permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Las municipalidades deberán determinar mediante ordenanza las zonas en que preferentemente se tendrá derecho para el emplazamiento de torres soporte de antenas de más de 12 metros. Esa ordenanza establecerá las tarifas que cada municipalidad podrá cobrar por el derecho de uso. A la solicitud de permiso de instalación se deberán acompañar, entre otros antecedentes, una solicitud suscrita por el o los propietarios del terreno en que se realizará la instalación y por el concesionario responsable de la torre de soporte; y un proyecto firmado por un profesional competente en que se incluyan los planos de la instalación de la torre, graficando los distanciamientos mínimos y las rasantes. El texto debe ser ahora ratificado por el Senado, antes de su despacho al Ejecutivo. Entregaremos más información de lo sucedido una vez que se publique el boletín (acta) de la sesión.

Sobre: el informe de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Tipo de discusión: Única.

Se llevó a cabo la discusión única del proyecto donde se aprobaron algunas de las modificaciones introducidas por el Senado. Durante la discusión, E. Jaramillo (PPD) felicitó al Senado por el trabajo que hicieron en cuanto a las modificaciones introducidas al proyecto. Agregó que a su juicio, las modificaciones no abarcan todos los beneficios que se quisieran para la ciudadanía con esta nueva regulación. El mayor problema dice relación con que estas instalaciones ya se han realizado de manera desordenada y sin ninguna regulación. Por lo tanto, esta reglamentación a medias debería estar dada en las normas que se están despachando, con el objeto de evitar la prolongación de estas interminables guerras por las antenas que han proliferado durante los últimos años en Chile. G. Hasbún (UDI) indicó que habrá que tener especial cuidado de que la regulación que se propone no vulnere los derechos adquiridos y los que eventualmente tienen una expresión contractual que merece pleno respeto y promoción. Añadió que la protección de los derechos individuales de las personas es requisito indispensable para la real consecución del pretendido bien común. G. Teillier (PC) manifestó que el proyecto en debate deja sin definir el criterio para establecer zonas saturadas de sistemas radiantes. Sólo faculta a la Subtel para que, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, proceda en tal sentido. Por otra parte, el proyecto de ley no considera a la población afectada en la toma de decisiones sobre la instalación de una antena. P. Hales (PPD) en tanto, se refirió a la necesidad de revisar los artículos 116 bis E, 116 bis F y 116 bis G, porque son los que en realidad describen cómo se va a instalar la antena de 12 metros. Declaró que existe un surtido disperso muy confuso en este proyecto tan mal armado e inadecuadamente construido en el Senado. En tres artículos distintos, se señala: en el 116 bis E, la altura menor de 12 metros para antenas no mimetizadas; en el 116 bis F, la altura mayor de 12 metros y en el 116 bis G, la altura menor de 12 metros para antena mimetizada. Indicó que no se entiende a quien se deberá pedir permiso para la instalación en cada caso. A. Sepúlveda (PRI) se manifestó preocupada por la instalación de antenas en zonas rurales, que no tienen la misma restricción que las zonas urbanas. Esta restricción está relacionada con lo que han planteado algunos diputados, en cuanto a que es mucho más difícil que las empresas puedan instalar antenas en lugares apartados.

Sobre: el segundo informe de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Tipo de discusión: Particular.

Se continuó con la discusión particular del proyecto. Durante la sesión, se trataron las medidas orientadas a la protección de la salud, los senadores Chahuán, Prokurica (ambos RN) y Novoa (UDI), explicaron que la normativa establece que las emisiones de ondas electromagnéticas que producen las antenas, deben tener un límite igual o menor al promedio de los cinco países más rigurosos en esta materia de la OCDE. De esta manera, en materia de protección a la salud, indicaron que Chile estará entre los 5 países más estrictos del mundo. J. Novoa, dejó constancia de su preocupación porque esta disposición implicaría el traslado de muchas antenas, que estén instaladas en zonas sensibles. Además, que explicó que no existe un mapeo detallado de las direcciones de los jardines infantiles, salas cunas, centros de madres, lo que podría ocasionar confusión al momento de medir la distancia para instalar las antenas. Agregó que según estudios internacionales, es más riesgoso que las antenas estén ubicadas lejos de las personas, porque esto significa que los aparatos deben tener una mayor actividad para funcionar, de modo de combatir así la eventual debilidad de la señal. En tanto, los senadores Pizarro (DC), Navarro (MAS), Girardi (PPD), Letelier (PS) y Lagos Weber (PPD) sostuvieron que no se puede garantizar si la emisión de campos electromagnéticos son dañinos para la salud de la población. En ese sentido, destacaron el principio preventivo de la normativa, que protege a las personas, en especial, a las más vulnerables, que están ubicadas en las zonas sensibles de instalación. Precisaron que lo que se busca con esta indicación es dar tranquilidad a la población, debido a que las antenas instalas en zonas sensibles, estarán obligadas a trasladarse a otro sector y para ello, contarán con un año para dicha operación. A. Navarro defendió dicho principio preventivo y recordó que durante mucho tiempo las empresas tabacaleras negaron los efectos nocivos en la salud de las personas y esta misma situación podría ocurrir con los concesionarios de telecomunicaciones. Además, la sala aprobó la incorporación del nuevo inciso octavo, en el artículo 19 bis de la Ley de Telecomunicaciones, que establece un procedimiento aplicable a los concesionarios de antenas que instalen antenas entre 12 y 30 metros y que están obligados a colocalizar y que se niegan a realizarlo, puedan elevar un recurso ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, para que se pronuncie a favor o en contra. Los senadores Girardi, Letelier, Escalona (PS) y Lagos Weber, quienes se abstuvieron de la votación, expresaron su críticas con respecto a este procedimiento. Añadieron que es lo mínimo que se le puede pedir a las empresas que han saturado sectores urbanos de nuestro país con la instalación de numerosas antenas. Al respecto, A. Navarro comentó que dicha materia no resuelve el tema de fondo, es que el bajo porcentaje de compensación que tienen que brindar las empresas de telecomunicaciones, que instalaron antenas de más de doce metros de altura. Cabe recordar, que dichos mejoramientos del espacio público que rodea la torre, hasta un radio de 250 metros, será por un monto equivalente al 30% del costo total de las obras. No obstante, los senadores de la Alianza, se mostraron a favor de este articulado y destacaron que dicha materia no afecta a las torres de más de treinta metros ya que los concesionarios de éstas nunca podrán negarse a la obligación de colocalizar. Por otro lado, se rechazó a indicación renovada que se refería a la creación y las facultades del comité participativo de usuarios, quienes rechazarán o respaldarán, mediante un certificado firmado ante notario y en un plazo no superior a 30 días, la instalación de antenas en su comuna.

Sobre: el segundo informe de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Tipo de discusión: Particular.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello.

Sobre: el primer informe de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Tipo de discusión: General.

Se llevó a cabo la discusión general del proyecto donde la Sala aprobó la conveniencia de legislar sobre la materia. Durante el debate, existió consenso respecto de la necesidad de legislar sobre este nuevo marco regulatorio, de modo de evitar la proliferación de instalación de antenas y compatibilizar el desarrollo tecnológico con el derecho a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, también se señaló la necesidad de realizar perfeccionamientos durante la discusión particular. G. Uriarte (UDI) mencionó que el proyecto se hace cargo de temas fundamentales para el desarrollo urbano y para fortalecer los derechos de los vecinos. No obstante, dijo que hay que crear más incentivos y mayor flexibilidad para conectar sectores que hoy no tienen acceso. J. Pizarro (DC) precisó que el objetivo es normar la instalación de antenas, estableciendo requisitos y obligaciones que hasta hoy no existían. Sin embargo, hizo notar que las empresas que ingresen al mercado van a reclamar por las nuevas exigencias, en circunstancias que la competencia ya instaló miles de antenas. Por ello, anticipó que uno de los temas más sensibles es el plazo de 36 meses que se otorga a las empresas que ya instalaron sus antenas para adecuarse a las nuevas normas. C. Bianchi (IND) mencionó que existen numerosos estudios sobre los efectos que tiene la radiación que emiten estas antenas en la salud y aunque no son concluyentes, tenemos claro que no es consistente reclamar por la instalación de antenas y no dejar de usar los teléfonos celulares. Coincidió además en la idea de exceptuar a radioaficionados, Bomberos, Cruz Roja y otras organizaciones que necesitan las comunicaciones para fines sociales. J. Quintana (PPD) recalcó que esta iniciativa es un paso decisivo en materia de salud pública, aún cuando no existan estudios acabados sobre los efectos de este tipo de radiación en las personas. Por su parte, H. Larraín (UDI) aseveró que el progreso no solo trae beneficios sino también efectos colaterales que no son siempre deseables y hay que abordar con la mayor prudencia la forma de evitar eventuales daños a la salud. Asimismo, dijo que durante el debate del articulado del proyecto será necesario resolver una serie de inquietudes sobre la regulación de este mercado porque quienes ingresen a partir de ahora tendrán que instalar sus torres y necesitamos una legislación que garantice el mejor servicio y los derechos de los ciudadanos. A su vez, P. Walker (DC) solicitó a la Secretaría, revisar la constitucionalidad de las normas de este proyecto de ley porque se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad según la función social y debemos tener esa discusión. Además recalcó la necesidad de preservar el patrimonio ambiental. A. Zaldívar (DC) recordó que estos temas se han dado en todos los países donde la telefonía móvil se ha desarrollado y que a su juicio, la regulación que se propone es la adecuada. Finalmente, J. Orpis (UDI) afirmó que el mayor problema no es solo la telefonía móvil sino Internet, por eso creo que el proyecto hay que abordarlo con urgencia, pero en la forma correcta, de modo de salvar las dudas de constitucionalidad y el derecho de propiedad. Se fijó como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 17 de junio.

Sobre: el primer informe de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Tipo de discusión: General.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello.

En qué comisión: de Transportes y Telecomunicaciones Sobre: el primer informe de esta comisión que estudia el proyecto. Tipo de discusión: General.

Se llevó a cabo la discusión general del proyecto, donde se aprobó la conveniencia de legislar sobre la materia. Durante la discusión el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, F. Morandé, señaló que el proyecto intenta establecer algunos derechos para los ciudadanos que en la actualidad no están contemplados en la legislación vigente y que básicamente dicen relación con los procedimientos según los cuales se aprueban las instalaciones de las obras de infraestructura necesarias para colocar antenas. Por otro lado, indicó que se debe considerar que el desarrollo de las telecomunicaciones requiere despliegue de redes de este estilo, con lo cual no resulta tan sencillo establecer restricciones para la instalación de antenas o para las torres de infraestructura y pretender contar con un servicio de óptima calidad. Respecto de las ondas electromagnéticas y los efectos que pudieran tener sobre la salud de las personas, explicó que existe una Resolución Exenta N° 403 del año 2008, que exige que las antenas se ajusten en su ubicación a lo establecido por la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación no ionizada, se trata de normas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin perjuicio de lo anterior, agregó que en Chile se establecen excepciones que hacen que la norma que se exija sea más estricta que la de la Comisión Internacional, de este modo, en las proximidades de colegios, salas cunas, jardines infantiles, clínicas, consultorios y hospitales, se exige un límite de 10 microwatts por centímetro cuadrado por antena, en circunstancia de que la norma internacional es de 100 microwatts. Acerca de esta prohibición, señaló no tienen ningún asidero puesto que no existe ninguna informe concluyente, en materia de salud, que implique un riesgo por instalaciones de esta naturaleza a menos de 20 mts. de esos lugares. En la misma línea, el Subsecretario de Telecomunicaciones J. Atton, señaló que la prohibición recién mencionada, podría perjudicar a los mismos establecimientos que se pretende proteger, desde el punto de vista de acceso a internet. Por su parte, G. Girardi (PPD) acotó que la instalación de las antenas se está regulando porque no son inocuas, si lo fueran no se regularía la distancia para su ubicación. Agregó que hace un tiempo revisó la bibliografía relativa a la instalación de estas torres de antenas, y se demostró que en Francia se está prohibiendo el uso de teléfonos celulares por parte de los niños por la exposición al campo electromagnético. J. Atton declaró que el Ejecutivo considera que si se efectúan las mediciones de los niveles de radiación y de contaminación electromagnética, en forma adecuada, no deberían existir los niveles máximos de emisión. Por su parte, la Asesora Legislativa de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, C. Arrau, expresó que desde la óptica urbanística se busca con la última indicación que las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, que quieran instalar torres de soporte de antenas, asuman un compromiso a través de una propuesta de diseño que minimice el impacto urbanístico de las mismas permitiendo también crear una vinculación de las empresas respecto de los derechos e intereses de la comunidad. También presentó una serie de observaciones al proyecto, entre las que destaca aquella que señala que respecto del procedimiento propuesto ante las Direcciones de Obras Municipales, en el sentido de que la instalación de las torres soporte de antenas de trasmisión de telecomunicaciones en áreas urbanas o rurales, requerirá la autorización de la Dirección de Obras Municipales, la cual a su vez se faculta a instalarlas o arrendarlas, es necesario considerar que las normas vigentes consagran como derecho de las concesionarias a tender o cruzas con sus líneas los bienes nacionales de uso público y, tratándose de bienes particulares, si no hubiere acuerdo directo se entiende constituida una servidumbre legal, de pleno derecho, de acuerdo a lo establecido en los arts. 18 y 19 de la Ley General de Telecomunicaciones. Igualmente, observó que regular la falta de respuesta oportuna de la Dirección de Obras Municipales con silencio positivo, es incierto porque podría alegarse que se ve perjudicado el interés fiscal en cuyo caso la Contraloría General de la República podría revertir autorizaciones derivadas de silencio positivo afectando con ello la certeza jurídica de las autorizaciones. Ahora el proyecto pasa a la Sala.

Sobre: el segundo informe de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Tipo de discusión: Única.

De acuerdo a lo señalado en la síntesis de la sesión, los comités acordaron "discutir en sala este proyecto de ley y luego enviarlo nuevamente a la Comisión técnica por dos semanas". No se señalan las razones ni se otorga más información al respecto. Apenas se publique algo sobre este proyecto les otorgaremos más información.