Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Sobre: el segundo informe de la comisión de Hacienda. Tipo de discusión: Particular.

Se llevó a cabo la discusión particular del proyecto donde se aprobó su articulado. Durante la discusión, A. Espina (RN) señaló que en Chile existen al menos 10 mil personas que están prófugas de la justicia y cerca de 142 mil órdenes de aprensión vigentes, razón por la cual este Registro es elemental para combatir la delincuencia. Agregó que no resulta razonable que una persona que está prófuga de la justicia pueda ir a cualquier servicio público y obtener beneficios del Estado, señalando que al tener esta información de manera sistematizada se va a permitir que un gran número de delincuentes reincidentes no siga en la total impunidad. C. Bianchi (IND) recordó que hace un año le hizo llegar al Ministro del Interior un proyecto de ley en esta línea, por lo que valoró que su propuesta haya servido de inspiración para esta iniciativa. Señaló que en regiones apartadas, como la de Magallanes, no existía ninguna forma de determinar qué personas estaban en condiciones de prófugos de la justicia lo que posibilitaba que se cometieran delitos en impunidad. Por ello, dijo que esta medida permitirá evitar la "recalada" de personas con prontuario a regiones extremas. En tanto, H. Sabag (DC) dijo que el proyecto permitirá la persecución coordinada y eficaz de condenados prófugos y evitar las críticas ciudadanas por las informaciones confusas de un alto número de personas que han evadido la acción de la justicia. Junto con ello, el proyecto contempla la suspensión de los beneficios económicos brindados por el Estado, por lo que le parece una iniciativa en la línea correcta. Gómez manifestó que se deben precisar las razones por las cuales se está involucrado en el Registro de prófugos, pues hay diversas situaciones por las que una persona está sometida a órdenes de detención, ya que no es lo mismo estar en dicha nómina por haber sido objeto del robo de sus cheques. Dijo que se debe precisar la información, porque esto puede generar dificultades para ciudadanos que no deben estar en el registro. B. Prokurica (RN) manifestó que esta iniciativa es un nuevo esfuerzo del gobierno por luchar en contra de la delincuencia y es un paso adelante para la coordinación y el trabajo de las policías. Señaló que es importante avanzar en establecer convenios con los países limítrofes para evitar que ingresen personas que estén prófugas de la justicia y que buscan evadir sus responsabilidades en sus países de origen. Por su parte, A. Navarro (MAS) dijo que este registro es un instrumento eficaz para el objetivo de recapturar a los prófugos, pero señaló que sería importante saber si esa información podría ser proporcionada a los distintos medios de transportes -aéreos, terrestres y marítimos- de modo de que este listado se pueda constituir en un instrumento eficaz para la recaptura. Agregó que el uso de este instrumento debe ser cautelado para evitar provocar inconvenientes a personas inocentes. P. Muñoz (PS) manifestó que sería necesario y justo señalar que hubo parlamentarios que manifestaron que existía este problema de personas que recorrían el país evitando las medidas cautelares. Dijo que la idea de esta iniciativa es similar a la de un proyecto que suscribió, por lo que le hubiera gustado que se hubiera hecho mención que las ideas matrices son de senadores. Finalmente V. Pérez (UDI) manifestó que esta iniciativa resuelve adecuadamente cuando un juez o un funcionario del Registro Civil debe sacar de este registro a una persona cuando corresponda hacerlo y si no se comunica a tiempo, va a significar una falta grave al juez. Dijo que se están colocando las normas necesarias para permitir un uso adecuado de este registro. Ahora el proyecto volverá a la Cámara para que estudie las modificaciones introducidas por el Senado.

En qué comisión: de Hacienda Sobre: el segundo informe de esta comisión que estudia el proyecto. Tipo de discusión: Particular.

Se llevó a cabo la discusión particular del proyecto donde se aprobó su articulado con una sola modificación. Antes de dar inicio a la discusión particular se debatió en torno a la iniciativa, instancia en la que el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito C. Quintana, indicó que legislar la creación del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia es necesario, básicamente, porque a quienes en él figuren se les podrán negar ciertas prestaciones económicas que el Estado otorga, y porque lo que hoy existe es más bien un catastro, y no un registro propiamente tal, de los prófugos de la justicia. El Subsecretario señaló que otro factor relevante de la consagración legal del Registro Nacional, es que si los actores que formen parte del sistema, como el Registro Civil o los Tribunales de Justicia, no proporcionan ni actualizan los datos en los plazos que se establecen, estarán incurriendo en falta. X. Rincón (DC) manifestó que no es necesario formar parte de un registro para acceder a los beneficios que el Estado otorga. Lo que debe satisfacerse son los requisitos que para cada caso la pertinente norma preceptúe. C. Quintana precisó que el proyecto en estudio no viene a establecer, como nuevo requisito, que se deba figurar en el Registro para acceder a tal o cual beneficio. Al revés, justamente por no formar parte de él es que se podrán seguir gozando determinadas prestaciones estatales. Así, por ejemplo, si un postulante a una beca CONYCIT aparece en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, será esa razón suficiente para que el beneficio le sea diferido. Respecto de la modificación, se reemplazó la expresión “podrán diferir” por “diferirán” en el art. 10°. El Subsecretario explicó que el empleo del verbo diferir, en el inciso primero del artículo en comento, se debe, precisamente, a que no se pretende establecer una sanción adicional, la denegación de un derecho, para la persona que se encuentre prófuga. En ese sentido, expresó que contribuiría a aclarar el alcance de la disposición, disipando de paso las reservas manifestadas por los diversos senadores, que en lugar de preceptuar que los órganos de la Administración “podrán diferir” el otorgamiento de prestaciones, estableciera que las “diferirán”, haciendo imperativo el deber de así proceder. Así, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la sala para su discusión.

Sobre: el primer informe de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Tipo de discusión: General.

Según lo que se señala en la síntesis de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello.

Sobre: el primer informe de la comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y de la comisión de Hacienda. Tipo de discusión: General y Particular.

Se llevó a cabo la discusión general y particular del proyecto donde se aprobó tanto la conveniencia de legislar sobre la materia como su articulado. Durante la discusión E. Jaramillo (PPD) destacó la importancia que reviste el proyecto para las instituciones públicas tales como municipios, para el conocimiento de las personas en calidad de prófugos y afirmó que se podría incluir en este registro a aquellas personas que tienen orden de aprehensión por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, puestas éstas situaciones tienden a evadir a la justicia en reiteradas ocasiones. J. M. Ortiz (DC) declaró estar a favor del proyecto manifestando la preocupación porque no se lleven a cabo persecuciones posteriores a quienes hayan transgredido la ley y que la información del Registro no llegue a niveles que representen problemas a esas personas y sus familias, con el fin de poder asegurar la reinserción posterior de los involucrados. Por su parte J. Godoy (RN) manifestó su apoyo, declarando que sobre el acceso a la información se llegó al consenso de que este sólo lo tendrán los organismos del Estado que tengan alguna incidencia o decisión en esta materia y no la ciudadanía, pues esto podría volverse peligroso. A su turno A. Robles (PRSD) declaró su inquietud sobre el acceso al Registro, manifestando que debe ser consultado con responsabilidad pero en términos públicos, pues se realizará con recursos públicos, por lo que sus fines deben ser también públicos y al tratarse de prófugos mantienen una deuda con la sociedad. F. Harboe (PPD) en tanto, afirmó que el proyecto es de gran importancia para la recaptura de quienes estén vulnerando la acción judicial, sobre el acceso a la información, que quedó circunscrita a las instituciones que participan en el proceso. Destacó que lo más importante es que se evite el mal uso de esta información, y declaró que sobre el artículo 8° siempre mantuvo observaciones pues originalmente si se podía entregar un certificado de no estar inscrito o involucrado en el Registro Nacional de Prófugos. A su juicio, esto se convertiría en un nuevo Dicom, lo que representaría un nuevo requisito a la otra de acceder a un trabajo, es decir no estar incorporado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, lo que fue dejado sin efecto. En una Intervención no realizada en sala M. Sabat (RN) destacó el que el proyecto busca acabar con las altas tasas de rebeldía, lo que incrementa la visión negativa sobre la ley y afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

En qué comisión: Seguridad Ciudadana y Drogas Sobre: el primer informe de esta comisión que estudia el proyecto. Tipo de discusión: General y Particular.

Se llevó a cabo la discusión general y particular del proyecto, donde se aprobó tanto la conveniencia de legislar sobre la materia como su articulado. R. Hinzpeter, Ministro del Interior y Seguridad Pública explicó que la creación de este registró constituye otro paso en la lucha contra “la puerta giratoria”, concepto psicológico que se traduce en poner fin a la sensación de inseguridad e impunidad en la ciudadanía. Sostuvo que el proyecto de ley cumple con una necesidad evidente de crear un registro de esta naturaleza para una mejor administración de justicia, que deberá redundar en una más eficiente fiscalización y control de las personas que hubieren cometido algún delito y no estuvieren dispuestas a someterse a la acción de la justicia o intentaren evadirla. Explicó que en el registro se anotarán las órdenes de detención vigentes cuando éstas hayan sido dictadas por tribunales con competencia en lo penal, cuando el imputado haya sido declarado rebelde; cuando éste se fugare estando sujeto al régimen de prisión preventiva o cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad; en el caso que se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N° 18.216, entre otros. F. señor Harboe observó que también deberían ser incluidos quienes son declarados rebeldes por infringir alguna medida cautelar, quienes quebranten una medida alternativa, así como los extranjeros que sean expulsados del territorio nacional, cumplido un tercio de la pena privativa de libertad, para evitar que ingresen nuevamente de manera ilegal. Además, consideró necesario establecer una sanción respecto del funcionario del Registro Civil o de la Policía que se atrase o no comunique la información correspondiente, así como la gratuidad del certificado sobre anotaciones. C. Montes (PS) manifestó su preocupación respecto de una eventual afectación a la familia del prófugo al suspendérsele por ejemplo el subsidio habitacional. G. Calderón (UDI) observó que esta iniciativa relaciona la calidad de prófugo y la orden de detención, conceptos que no siempre se encuentran asociados, por ello evidenció la necesidad de establecer un mecanismo de vínculo automático, pues lo contrario podría hacer ineficiente el sistema; y coincidió con la necesidad de implementar una sanción para los funcionarios del Registro Civil, que no comuniquen en forma oportuna la información. A. San Nicolás, abogado del subdepartamento de Filiación Penal del Registro Civil e Identificación indicó que el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra, comprende el prontuario propiamente tal, la tarjeta índice e impresión digital de la persona filiada. Según lo dispuesto en el artículo 3° del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, se filia y abre prontuario penal a las personas condenadas por crímenes, simples delitos y cuasidelitos. A los infractores de faltas cuando son condenados por tercera vez, salvo en los casos excepcionales establecidos en la ley. Los prontuarios y sus datos son secretos y sólo se puede informar de ellos a los afectados, a las autoridades judiciales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile. En la discusión particular se modificó el número 5 del art. 2° que señala que el contenido de las anotaciones del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, deberá contener el señalamiento de él o los delitos por los cuales hubiere sido condenada la persona y la extensión de la condena y la entidad de la condena en los casos señalados en el art. 1°. F. Harboe hizo presente la importancia que reviste para los funcionarios aprehensores conocer la magnitud de las condenas anteriores, más que la entidad de la condena o la naturaleza de los delitos. Se reemplazó el inciso primero del art. 6° estableciendo que recibida la comunicación referida en el artículo precedente por el funcionario responsable, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá dentro de las 12 horas siguientes a eliminar en forma definitiva la respectiva anotación en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Se agregó un inciso segundo al mismo artículo, señalando que el incumplimiento de la obligación establecida en el inciso precedente será considerada una falta grave para los efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan conforme al Estatuto Administrativo. Se reemplazó el art. 7° estableciendo que sólo podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia: Tribunales de Justicia; Ministerio Público; Carabineros; Policía de Investigaciones; Gendarmería; Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Ahora el proyecto pasa a la sala.