Proyecto de ley sobre indulto general.

Votaciones
Votación Única.
Si         No si 91 no 10 abs. 4 p 2 aus. 13 res.

Ve los detalles de ésta y otras votaciones que se llevaron a cabo sobre el proyecto.

Gráficos: Elaboración Vota Inteligente. Fuente: www.congreso.cl

Según lo que se señala en la prensa de la Cámara, se llevó a cabo la discusión única del proyecto donde se aprobó el informe emitido por la Comisión Mixta. Cabe recordar que el objetivo de este proyecto es disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios, concediendo para tal fin un indulto general de carácter conmutativo a condenados por delitos menores, que incluye a mujeres que estén cumpliendo penas privativas de libertad y personas sujetas al beneficio de la salida controlada al medio libre o reclusión nocturna. En ese sentido, la propuesta de la Comisión Mixta aprobada por ambas Cámaras establece la pena de extrañamiento para extranjeros que no cuenten, al momento de haber cometido el delito, con el permiso de permanencia definitiva. Asimismo, deben tener cumplido un tercio de la pena, cuando sea privación de libertad no superior a cinco años; la mitad de la pena cuando sea entre 5 y 10 años y tres cuartas partes de la pena si esta es superior a 10 años. Entregaremos más información de lo sucedido una vez que se publique el boletín (acta) de la sesión.

Se llevó a cabo la discusión única del proyecto donde se discutió en torno a las diferencias surgidas entre ambas cámaras. Respecto del art. 5°, que se refiere a quiénes recibirán el indulto, el Ejecutivo propuso una nueva redacción para zanjar las diferencias entre ambas cámaras. En este sentido, la indicación proponía la fijación de un plazo para que los extranjeros que serán destinatarios del indulto, lo soliciten. Éste será de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. En segundo lugar, se reemplaza el compromiso de estas personas de no volver al territorio chileno por un lapso de 10 años por una prohibición expresa en este sentido, tal como lo sugiriera la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado al informar el proyecto en tercer trámite constitucional. Finalmente, la proposición regula la situación de aquellos condenados que estén cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos. Informó que, en tales casos, para el cómputo de los tramos contemplados por la letra b) de esta norma se considerará la suma de las penas impuestas. Por otro lado, respecto de la disposición incorporada por la Cámara y rechazada por el Senado, que expresaba que no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N° 20.000, N° 19.366 y N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva. Ésta expresaba que salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Finalmente, el Ejecutivo propuso la incorporación de un art. 8 nuevo, que dispone que la expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto, se llevará a cabo dentro de un plazo de ciento cincuenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. Todas las indicaciones fueron aprobadas. Ahora corresponde que el proyecto pase a la sala para su discusión.

Se llevó a cabo la discusión única del proyecto, donde se estudiaron las modificaciones introducidas por la Cámara, las cuales fueron aprobadas en su mayoría. Hubo dos modificaciones rechazadas por la comisión. En primer lugar, respecto del art. 5° introducido por la Cámara, se rechazó la letra c) que establecía que para que los extranjeros pudieran acceder al beneficio debían suscribir un compromiso de no volver a ingresar al país en un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional. Habiéndose eliminado dicha condición, se eliminó también el inciso final del artículo que declaraba que en caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiere conmutado. J. Orpis y H. Larraín (ambos UDI) compartieron la idea de expulsar del país a los extranjeros que cumplen condenas al interior de los penales chilenos, pero objetaron el hecho de que esta medida proceda sólo si el condenado se compromete a no regresar al país durante un determinado lapso. A su juicio, más que un compromiso en este sentido, debería contemplarse una prohibición de ingreso al territorio nacional. Se dejó constancia de que el rechazo obedece a la conveniencia de examinar con mayor detenimiento la situación de los condenados extranjeros, particularmente de aquellos condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la Ley de Drogas, ilícitos que se excluirían del indulto en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 7° del Senado y 6° de la Cámara. Igualmente, se puntualizó que este rechazo responde a la necesidad de fijar de una manera más categórica en la norma en estudio una prohibición para que dichas personan retornen al territorio nacional. Del mismo modo, se rechazó en el art. 7° la norma que establecía que no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N° 20.000, N° 19.366 y N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Esto, con el fin de que este aspecto se trate en la Comisión Mixta. Ahora el proyecto deberá pasar a la sala para su discusión.

Se dio inicio a la discusión general del proyecto, en ésta O. Vargas (IND) destacó la importancia del proyecto refiriéndose a la reducción de la población carcelaria. Afirmó que cualquier medida que ayude a la solución de este problema debe ser aprobada. M. Schilling (PS) recordó que el sistema carcelario fue pensado para 35 mil reos, y está siendo utilizado por 50 mil. Declaró que el proyecto no contiene un criterio de igualdad de trato al llevar a cabo una distinción entre extranjeros, pues se introduce una medida discriminatoria, arbitraria y se le resta efectividad al proyecto. No obstante, declaró el apoyo al proyecto porque en su esencia se preocupa por que el castigo se dé en la justa medida y que además exista la posibilidad de rehabilitación. P. Velásquez (IND) destacó que aunque es una facultad del Presidente indultar, es el Congreso Nacional, quien debe conocer y aprobar los indultos, tal como se propone en el proyecto. Agregó que parece necesaria una reforma constitucional que elimine la facultad del Presidente para conceder indultos. A. Squella (UDI) declaró que no es correcto que sean los políticos, que carecen de una visión técnica, quienes decidan sobre la libertad de estos delincuentes, pero como representantes de todos los chilenos no se debería dictar una ley para sacar a los delincuentes de las cárceles porque están llenas. El Ministro de Justica T. Ribera afirmó que el problema carcelario no se le puede atribuir al gobierno actual. Agregó que el gobierno tiene la misión de dar un uso racional a las cárceles, lo que significa que sólo se aplicará pena privativa de libertad cuando resulte absolutamente necesario, pues personas que cometan delitos menores no deberían ir a la cárcel, porque no se les puede garantizar niveles mínimos de dignidad y porque el paso por la cárcel aumenta las conductas criminales. Indicó que se trata de coordinar una política penitenciaria y una política de seguridad pública para llegar a una sociedad más segura. Por su parte G. Ceroni (PPD) destacó que el indulto no representa ningún peligro para la sociedad pues no se consideran a los delitos más graves y más peligrosos dentro del beneficio. J. Burgos (DC) realizó un llamado a pronunciarse sobre el indulto y a no abstenerse, pues afecta a una gran cantidad de ciudadanos. M. Díaz (PS) en tanto, declaró que no debe entenderse el proyecto sólo como una medida para descongestionar las cárceles, sino que tiene que ver con un cambio de fondo respecto de cómo entendemos las penas privativas de libertad en el marco de nuestro ordenamiento penal. Por su parte, A. Cardemil (RN) recogió el cuestionamiento realizado al Presidente, argumentando que éste consideró que es mucho más democrático y lógico enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre indulto general, para que sea el Congreso Nacional el que resuelva al respecto. Con respecto a que los extranjeros recibirían más beneficios que los chilenos, afirmó que serán indultados pero también obligados a abandonar el país no podrán volver a Chile hasta transcurridos diez años, por lo que el proyecto beneficiaria la reinserción y ayudaría a la mitigación del hacinamiento carcelario. E. Eluchans (UDI) manifestó su apoyo al proyecto y destacó que tenga como objetivo el uso racional de las cárceles. Además, señaló que en el indulto general existe un proceso democrático en el que participa el Ejecutivo, pero también el Congreso Nacional. Sostuvo que existe una evaluación técnica. R. Saffirio (DC) en tanto, manifestó su rechazo al proyecto pues a su parecer no existe coherencia en las iniciativas aprobadas con anterioridad en relación al aumento de penas y este proyecto, criticó el indulto considerándolo una intromisión por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en facultades propias del Poder Judicial, criticó además que el presidente Piñera no ha querido asumir su responsabilidad en el proyecto por futuras reincidencias de los beneficiados y desviará la responsabilidad al Congreso. También criticó la idea de buscar liberar a una cantidad significativa de delincuentes comunes, debido a los altos niveles de delincuencia del país y finalizó afirmando que el indulto no debe ser considerado como un elemento de política carcelaria, sino como un derecho de gracia, pues sino un indulto masivo solucionaría el problema de raíz. Terminado el tiempo del Orden del Día y no habiéndose solicitado el cierre del debate, quedaron inscritos diputadas y diputados para la continuación de éste.

Se llevó a cabo la discusión general y particular del proyecto, donde de aprobó la conveniencia de legislar sobre la materia y se modificó el articulado. Asistió la subdirectora de Justicia, quien explicó que el diagnóstico actual del sistema penitenciario se resume en una alta tasa de sobrepoblación y hacinamiento; diferencias en el perfil criminógeno de la población penal recluida y existencia de una suerte de escuela del delito, donde los primerizos, con bajo perfil delictual, reciben las enseñanzas de delincuentes más experimentados, todo lo cual se traduce en escasas o nulas posibilidades de reinserción. El dirigente de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales y Técnicos de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN) señaló que la letra a) del artículo 5° del proyecto establece que el control y observación del indultado se realizará en los Patronatos o establecimientos más cercanos a su domicilio, entendiéndose por tales a las cárceles. No obstante, sólo hay nueve Patronatos Locales de Reos a lo largo del país, los que están ubicados generalmente en las provincias capitales de región, por lo que actualmente no se constituyen como solución a nivel nacional. De este modo aseguró que no se conseguiría descongestionar el sistema cerrado, ya que, en definitiva, dicho control deberá ser asumido, en razón de este déficit, por las unidades penales que conforman este último, particularmente por personal uniformado que debería cumplir funciones de custodia y no meramente administrativas, como sería la comentada. Indicó que a ello se suma el inconveniente de que en los establecimientos penitenciarios habrá un constante flujo de entrada y salida de personas que, no obstante haber sido indultadas, deben seguir bajo control, lo cual entraña ciertas dificultades y riesgos en materia de seguridad, por la eventual internación de drogas y otros elementos perniciosos. A. Squella (UDI) manifestó su inquietud por la confusión que parecía existir entre la obligación moral de proporcionar mejores condiciones de vida a las personas que permanecen recluidas y la obligación del Estado de velar por la rehabilitación de las mismas y, por otra parte, la búsqueda de solución al problema del hacinamiento carcelario, por la vía de permitir el egreso de una parte de los internos. Señaló percibir una suerte de disociación en la aplicación de este tipo de política y la mayoritaria aspiración ciudadana, especialmente de los sectores más populares, de contar con la debida protección del Estado frente a los ataques de la delincuencia. A su parecer, no se lograba la satisfacción de esta aspiración ciudadana con legislaciones de esta índole. No veía que el Estado incumpliera su rol de velar por los derechos de las personas privadas de libertad y el respeto a su dignidad, si las mantenía recluidas. G. Calderón (UDI) se refirió al indulto conmutativo general, manifestando sus dudas en el caso de los beneficiados con la reclusión nocturna, ya que esta medida alternativa se concede a los condenados a quienes se haya impuesto una pena inferior a tres años, límite que no es menor. Los diputados Eluchans (UDI) y Ceroni (PPD) respaldaron el proyecto en virtud de que la cárcel no es el único mecanismo para el cumplimiento de una condena. Durante la discusión particular, se modificó el art. 1° determinando que se concederá el indulto general consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta por cumplir, y en su caso, de la multa, por la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Se eliminó el art. 2° reordenándose el resto del articulado. Así, el nuevo art. 4° establece entre otras cosas, que los condenados a los que se les hubiere conmutado la pena en conformidad a los artículos 1°, 2° y 3°, quedarán sometidos a la vigilancia de la autoridad, consistente en fijar residencia en la oportunidad prevista en el artículo 7° de esta ley, y firmar una vez al mes por el lapso correspondiente al doble del tiempo que les reste para el cumplimiento de su condena, con un máximo de tres años siguientes a la concesión del indulto conmutativo, ante el Patronato de Reos más cercano a su domicilio o, en su defecto, ante el establecimiento de Gendarmería de Chile más cercano al domicilio que registre el condenado. El lugar en que se realizará este control y observación deberá ser precisado por el Jefe de la Sección Control Penitenciario de Gendarmería de Chile, en la oportunidad señalada en el artículo 7°. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al cumplimiento efectivo del saldo de la pena conmutada. El nuevo art. 5° estipula que se concede un indulto general, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan ciertas condiciones copulativas.

Votaciones
Votación particular.
Indicaciones al art. 5° para reducir el periodo durante el cual quienes resulten beneficiados con el indulto estarán sometidos a un sistema de control y observación; art. 7° complementa la nómina de ilícitos respecto de los cuales no procederá el indulto.
Si         No si 3 no 0 abs. 1 p 0 aus. 1 res.

Ve los detalles de ésta y otras votaciones que se llevaron a cabo sobre el proyecto.

Se llevó a cabo la discusión particular donde se discutieron las indicaciones presentadas y se realizaron algunas modificaciones al proyecto. Antes de iniciar la discusión la Comisión escuchó al presidente nacional de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Administrativos de Gendarmería de Chile, G. Pérez, quien recordó que el objetivo del indulto es descongestionar las cárceles y no desviar el problema provocando una congestión administrativa. Además, manifestó la necesidad de contratar personal especializado para el acompañamiento y reinserción social de quienes se beneficien con el indulto. Durante la discusión, se presentó una indicación sustitutiva al artículo 5° con el propósito de reducir el período durante el cual quienes resulten beneficiados con el indulto estarán sometidos a un sistema de control y observación. También se modificó el inciso primero del artículo 7°, de modo de complementar la nómina de ilícitos respecto de los cuales no procederá el indulto propuesto, incluyendo aquellos contemplados en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del Código Penal, esto es, los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y en la ley N° 19.913, que sanciona el lavado y blanqueo de activos. Ahora el proyecto pasará a la sala para su discusión.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, se aplazó la discusión general del proyecto de ley. Cabe recordar que el proyecto otorga un indulto conmutativo general, esto es, se les exime del deber de cumplir el saldo de la pena a la que estuvieren condenados, a las siguientes personas: Mujeres que estando condenadas y privadas de libertad, hayan cumplido dos tercios de la pena o que, faltándoles un lapso mayor, sean madres de hijos menores de dos años. Todo ello siempre que hayan mantenido una conducta sobresaliente en los últimos 6 meses. ; Condenados que cumplen una condena bajo la modalidad del beneficio penitenciario de permiso de salida controlada al medio libre; Condenados que actualmente cumplen una condena mediante el beneficio de la reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile. En consecuencia, procede que el proyecto de ley sea discutido y votado, en general, en la próxima sesión que celebre el Senado.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello.

Votaciones
Votación general y particular.
Conveniencia de legislar sobre el proyecto y todos sus artículos.
Si         No si 3 no 1 abs. 0 p 0 aus. 1 res.

Ve los detalles de ésta y otras votaciones que se llevaron a cabo sobre el proyecto.

Se llevó a cabo la discusión general y particular del proyecto, donde se aprobó tanto la conveniencia de legislar sobre la materia como su articulado. Durante la discusión el Ministro de Justicia, F. Bulnes, señaló que la motivación que inspira al Gobierno en esta iniciativa no se vincula meramente con la misericordia, sino que atiende a la necesidad de no poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Agregó que si en la contabilización de la población penal beneficiada con el indulto se deja fuera a las personas que cumplen una sentencia de reclusión nocturna y a las que cumplen la medida de salida controlada al medio libre, el efecto total del proyecto resulta bastante limitado. A. Espina (RN) observó que el proyecto no excluye de manera clara a los condenados por delitos terroristas, y expresó que entiende que en ningún caso el espíritu de la iniciativa es concederles dicho beneficio. Agregó, respecto de los condenados por tráfico de drogas, que por tratarse de pandillas compuestas por personas extremadamente peligrosas, el indulto no debería proceder respecto de ellos. Coincidió con él, H. Larraín (UDI) quien mencionó que es necesario enmendar prontamente el texto del proyecto, de manera de evitar que éste dé lugar a equívocos en cuanto a los delitos respecto de los cuales no procederá el indulto. Si bien existió consenso en la comisión acerca de la conveniencia de legislar la materia, S. Alvear (DC) observó que existe una serie de problemas que requieren soluciones permanentes, que permitan modificar aspectos estructurales del sistema penal y avanzar en la línea de la utilización racional del sistema de penas. Durante la discusión particular se aprobó la totalidad del articulado, destacando el art. 1° que señala que se concederá un indulto general a las personas que se encuentren privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y satisfagan una serie de condiciones, entre ellas, que hayan cumplido dos tercios de la pena. En el caso de las mujeres con hijos menores a 2 años, se concederá el indulto si le faltaren hasta 6 meses para el cumplimiento de los dos tercios de la pena. Que durante los tres últimos bimestres, hubiesen observado una conducta sobresaliente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.586 –sobre rebaja de condena-; y que suscriban un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. Así también, el art. 5° establece que los condenados a los que les hubiese conmutado la pena, en conformidad a los arts. 1°, 3° y 4° de la presente ley, quedaran sujetos a diversas condiciones. Estas son: la sujeción a un período de control y observación, a través de firmas mensuales, por el lapso de los 5 años siguientes a la concesión del indulto conmutativo; en caso de ser condenados por crimen o simple delito dentro de los 5 años siguientes a la conmutación de la pena, deberán cumplir de manera efectiva el saldo de pena que se les hubiere conmutado, sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito. Ahora corresponde que el proyecto sea discutido en la Sala.