Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.

Votaciones
Votación particular.
Aprobación del informe de la Comisión Mixta, formada en virtud del artículo 71 de la Constitución Política de la República, recaído en el proyecto de ley
Si         No si 33 no 0 abs. 0 p 0 aus. 5 res.

Ve los detalles de ésta y otras votaciones que se llevaron a cabo sobre el proyecto.

Gráficos: Elaboración Vota Inteligente. Fuente: www.congreso.cl

Se llevó a cabo la discusión única del proyecto donde se aprobó el informe emitido por la Comisión Mixta. Durante la sesión, H. Larraín (UDI) manifestó que existe acuerdo generalizado frente a esta situación para resolver un tema específico que se produce a raíz del momento en que rige el derecho a defensa de los imputados y que se incorporó mediante reforma constitucional. Aseguró que no ha habido precisión del minuto exacto en que esto debía ocurrir y esto se había prestado para efectos de generar nulidades en los procedimientos, ya que, se estaría actuando en instancias sin que imputado tuviesen un derecho a la defensa. Para evitar esa dificultad informó que se propuso esta norma que había sido motivo de cuestión pero que se zanjaron estas diferencias al precisar que la designación del abogado, la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado. Agregó que de este modo, quedó en evidencia que los procedimientos administrativos podrían tener el abogado nombrado, que era lo deseable, pero ningún imputado podría iniciar ninguna actuación judicial sin que hubiese una designación que se hiciera cargo de la defensa. Puntualizó que también se resolvió la modificación del artículo 102 con el fin de quien nombre el abogado sea juez de la causa y no del Ministerio Público, órgano que tiene esta atribución pero que no se ha ejercido. Asimismo el acuerdo de la comisión fue que solo el juez de la causa va a ser quien va a asegurar la designación de la defensa del imputado. J. Orpis (UDI) declaró que El consumo y la adicción son esencialmente dinámicos. La adicción a la pasta base, por ejemplo, se registra con gran rapidez. Si se multa a alguien y pasa cierto lapso sin que pague, es factible que en el tiempo intermedio esa persona se transforme en adicta a dicha droga en algunos días, en pocas semanas, ni siquiera en un mes. Porque los alucinógenos son cada vez más potentes: drogas químicas, pasta base, cocaína, marihuana manipulada genéticamente. Por eso, dada la dinámica que está adquiriendo el fenómeno de la droga, reviste gran significación, desde el punto de vista técnico, volver a entregarle al juez la facultad de insistir en la rehabilitación y en las labores en beneficio de la comunidad, para solo en última instancia hacer operar, por la vía sustitutiva, la pena de reclusión. P. Walker (DC) expresó que el proyecto no tendrá impacto si no se contribuye realmente por el Estado, por los municipios, por el Gobierno, con más recursos, con más programas de rehabilitación y prevención del consumo de droga, en especial, así como también respecto de los trabajos comunitarios, en lo cual se registra un déficit importantísimo, desde el punto de vista de infraestructura, de personal, para que estos sean efectivamente una solución. Por su parte A. Navarro (MAS) si bien valoró el proyecto, destacó que Gendarmería de es "el pariente pobre" del triángulo en la seguridad pública: la policía detiene a los delincuentes; los tribunales de justicia los condenan por haber faltado a la sociedad, y Gendarmería debe preservarlos para que cumplan las penas, pero no se halla en condiciones de lograrlo.A su juicio, la política penitenciaria es un fracaso. Las cárceles privadas no han logrado resolver la situación. Ahora el proyecto pasará a la Cámara para su discusión. Entregaremos más información de lo sucedido una vez que se promulgue el diario (acta) de la sesión.

Se llevó a cabo la discusión de púnica del proyecto, donde se zanjaron las diferencias surgidas entre ambas cámaras. Dichas diferencias eran respecto del artículo 3 que sustituiría al artículo 52 de la ley N° 20.000 -que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas-. Dicho artículo señalaba que en el caso de no pagar la multa impuesta, el sentenciado debería suplir una pena de cárcel por hasta 6 meses, la que fue sustituida por trabajos de servicio a la comunidad. Asistió a la comisión el Ministro de Justicia T. Ribera, quien propuso reemplazar el art. 3° del proyecto por uno que establece que la pena de multa, en cuanto a su imposición, sustitución y apremio, se regirá por lo dispuesto en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal –los que señalan, entre otras cosas, que si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses y establece algunas excepciones- J. Orpis (UDI) señaló que tiene sentido la modificación, puesto que quienes son consumidores de droga deben ser considerados por dicha condición de modo de que no vayan a la cárcel, sino que, en atención a su calidad de personas enfermas, reciban un tratamiento rehabilitador. Por lo tanto propuso que el juez, en el caso de los consumidores, considere como primera opción la rehabilitación. J. Burgos (DC) estimó como un gran aporte lo planteado por el senador Orpis, puesto que ninguna de las indicaciones que se realizaron a lo largo de la tramitación del proyecto se ocupa de la rehabilitación del consumidor. Por su parte, H. Larraín (UDI) indicó que el mencionado artículo considera la rehabilitación del consumidor, pero sería sólo una opción secundaria, y es por esa razón que se discute en la Comisión Mixta. S. Alvear (DC) indicó que el consumidor debe ser tratado para conseguir su rehabilitación, puesto que constituye una suerte de deber moral y social. Habiéndose aprobado la indicación, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la sala para su discusión.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello.

Se llevó a cabo la discusión general y particular del proyecto, donde se aprobó la conveniencia de legislar sobre la materia y el articulado. Asistió la subdirectora de Justicia, quien explicó que el diagnóstico actual del sistema penitenciario se resume en una alta tasa de sobrepoblación y hacinamiento; diferencias en el perfil criminógeno de la población penal recluida y existencia de una suerte de escuela del delito, donde los primerizos, con bajo perfil delictual, reciben las enseñanzas de delincuentes más experimentados, todo lo cual se traduce en escasas o nulas posibilidades de reinserción. El dirigente de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales y Técnicos de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN) aseguró que para lograr el objetivo planteado en el proyecto se requeriría contar, a lo menos, con una oficina de Patronato por región y crear Centros Abiertos, que fueran instancias técnicas capaces de conducir y atender apropiadamente la diversidad de necesidades de una población de condenados de alta complejidad, que necesitaba recuperar redes sociales públicas y privadas, de impacto vital para una reinserción social exitosa, a través de lo cual se pretendía materializar la separación verdadera de poblaciones penalizadas. Adicionalmente, se debería resguardar el financiamiento para recursos técnicos, administrativos, tecnológicos y de infraestructura, como elementos coadyuvantes en desenlaces de reinserción exitosos. Acotó que, además del control, resultaba imprescindible que las personas beneficiadas con la libertad condicional, fueran sometidas a algún tipo de intervención, con el fin de evitar la reincidencia. A. Squella (UDI) manifestó su inquietud por la confusión que parecía existir entre la obligación moral de proporcionar mejores condiciones de vida a las personas que permanecen recluidas y la obligación del Estado de velar por la rehabilitación de las mismas y, por otra parte, la búsqueda de solución al problema del hacinamiento carcelario, por la vía de permitir el egreso de una parte de los internos. Señaló percibir una suerte de disociación en la aplicación de este tipo de política y la mayoritaria aspiración ciudadana, especialmente de los sectores más populares, de contar con la debida protección del Estado frente a los ataques de la delincuencia. A su parecer, no se lograba la satisfacción de esta aspiración ciudadana con legislaciones de esta índole. No veía que el Estado incumpliera su rol de velar por los derechos de las personas privadas de libertad y el respeto a su dignidad, si las mantenía recluidas. G. Calderón (UDI) se refirió al indulto conmutativo general, manifestando sus dudas en el caso de los beneficiados con la reclusión nocturna, ya que esta medida alternativa se concede a los condenados a quienes se haya impuesto una pena inferior a tres años, límite que no es menor. Los diputados Eluchans (UDI) y Ceroni (PPD) respaldaron el proyecto en virtud de que la cárcel no es el único mecanismo para el cumplimiento de una condena. Durante la discusión particular, se modificó el art. 49 bis estableciendo que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para tal fin con organismos públicos y privados sin fines de lucro. Se modificó también el art. 49 sexies, incluyendo una nueva condición para que el juez pueda revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad, ésta es, que el condenado no se presente, injustificadamente, ante Gendarmería a cumplir la pena en el plazo que determine el juez, el que no podrá ser menor a tres ni superior a siete días. Se incorpora también como condición que el rendimiento en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo. Ahora el proyecto pasa a la sala para su discusión.

Se llevó a cabo la discusión particular donde se realizaron algunas modificaciones al articulado del proyecto. Entre las indicaciones aprobadas, se encuentra aquella que buscaba agregar un inciso tercero al art. 49° bis, que establecía que en cualquier momento el condenado podrá solicitar poner término a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad previo pago de una multa, a la que se le deberán abonar las horas trabajadas. S. Alvear (DC) explicó que la indicación buscaba que los condenados a penas de multa que cumplan su sanción por medio del sistema de convalidación por trabajos en beneficio de la comunidad, puedan, durante el período de cumplimiento de la sentencia, pagar la multa correspondiente para interrumpir las labores obligatorias que realizan, abonándose a dicha multa una cantidad proporcional al tiempo en que efectivamente efectuaron dichos trabajos. Se aprobó la indicación cuyo objetivo era eliminar la conversión de días de reclusión por cada media unidad tributaria mensual impuesta a título de multa, de las situaciones en que regirán las disposiciones contenidas en los arts. 49 a 49 sexties del Código Penal, donde se señala que si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de substitución y apremio, la pena de reclusión. S. Alvear sostuvo que con esto se pretende establecer que tanto la regulación como la revocación de la conversión de la pena de multa por trabajos en beneficio de la comunidad impuesta por delitos penados en la ley de drogas se regirán por las reglas generales que se contemplan en el Código Penal. P. Walker (DC) en tanto, destacó que hay una diferencia entre la proporción de conversión de multas por días de cárcel que se fija en la ley de drogas y en el Código Penal. Explicó que en la primera se prescribe un día de cárcel por cada media unidad tributaria mensual no pagada y, en cambio, en el Código Penal se está estableciendo un día por cada quinto de dicha unidad. El Jefe de la División de Defensa Social de la Subsecretaria de Justicia, S. Valenzuela, explicó que con el sistema que actualmente se establece en el Código Penal, una persona tendría que trabajar una semana para poder convalidar sólo una unidad tributaria mensual de multa, lo que parece excesivo e incluso podría fomentar que el condenado resuelva delinquir para contar con alguna forma de subsistir mientras dura la ejecución de los trabajos comunitarios. Además se modificó el inciso segundo del art. 49° del Código Penal, ya que mantenía la regla de conversión de un día de cárcel por cada quinto de unidad tributaria mensual no pagada. La comisión constató que para solucionar los problemas que se presentan para el cómputo de la pena definitiva, sea ella cárcel o multa, es necesario que la regla de conversión de jornada de trabajo por unidad tributaria de multa y la de cárcel por unidad tributaria de multa, sea la misma. Se agregó un art. 4° nuevo, el que en su letra a) modifica la letra n) del art. 2° del decreto ley N° 3.346 –Fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia- disposición establece las funciones del Ministerio de Justicia, prescribiendo, en la citada letra n), que le corresponderá asesorar al Presidente de la República en lo relativo a amnistía, indultos y al beneficio de la libertad condicional. La modificación propuesta en la letra a) de la indicación número 4 propone eliminar la alusión al beneficio de la libertad condicional. Además, se agregó un art. 5° que establece que las normas referidas a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad contenidas en los artículos 2° y 3° de esta ley, se aplicarán en conformidad a un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia.

Según lo que se señala en el resumen de esta sesión, no se llevó a cabo la discusión de este proyecto a pesar de estar agendada para el día de hoy. No se señalan las razones para ello, sin embargo, el proyecto está en tabla para mañana.

Votaciones
Votación general.
Conveniencia de legislar sobre el proyecto
Si         No si 4 no 0 abs. 0 p 0 aus. 1 res.

Ve los detalles de ésta y otras votaciones que se llevaron a cabo sobre el proyecto.

Se llevó a cabo la discusión general, donde se aprobó la conveniencia de legislar sobre la materia. Durante el debate el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, manifestó la preocupación del Gobierno por resolver la crisis carcelaria existente, mencionando algunos puntos a desarrollar en este aspecto. Primero, un reestudio de las escuelas de oficiales y suboficiales en materias como Derechos Humanos y técnicas de contención interna. Además indicó que se pretende crear más y mejores cárceles como también fortalecer las penas alternativas, tales como el uso de un brazalete electrónico, la que está actualmente en estudio. Se refirió también al fortalecimiento de medidas de rehabilitación y reinserción, acompañado de un uso racional de las cárceles. Por otro lado, indicó que para optar al beneficio de libertad condicional se debe contar con algunos requisitos, principalmente, haber cumplido la mitad de la condena impuesta por sentencia definitiva; tener una conducta intachable en el establecimiento; haber aprendido bien un oficio de existir talleres en el recinto, entre otros. La senadora Alvear (DC), coincidió con la idea de excluir a los Secretarios Regionales de Justicia del proceso de otorgamiento de la libertad condicional, porque estima que no es justo que carguen solos con tal responsabilidad. Además, se refirió a la conversión de penas por trabajos comunitarios los cuales, a su parecer, podrían ser vistos por la opinión pública como un ablandamiento de las sanciones. Así mismo, indicó que el texto no contempla normas acerca de la entrada en vigor de las disposiciones, por lo que puso en duda la posibilidad de hacer efectiva su aplicación. Por ello, informó que estaría dispuesta a apoyar la creación de un servicio especializado para estos fines como sucedió en España e Inglaterra con buenos resultados. Respecto a esto último, el Ministro hizo alusión a dicho beneficio alternativo a la reclusión, el cual se da sólo en casos en que a una persona se le imponga pagar una multa económica y esta no tenga los medios para cancelarla. En esta misma línea, reconoció que la estas disposiciones no podrán entrar en vigor automáticamente, por lo que mencionó que en su discusión particular presentaría una indicación que postergue la entrada en vigencia hasta una fecha oportuna. Por su parte, el senador Espina (RN) dijo que al existir consenso sobre la materia, se debería aprobar en general y analizarlo detalladamente en la instancia particular, donde se podría contar con la presencia de especialista como lo solicitó también la senadora Alvear. Por su parte, los senadores Chadwick (UDI) y Walker (DC) estuvieron de acuerdo con lo señalado anteriormente. Ahora el proyecto pasa a la Sala para su discusión.